Mutualia
Prestación por Secuelas

Las prestaciones económicas por secuelas tratan de indemnizar o cubrir la perdida de rentas salariales o profesionales que sufren las personas en el caso de padecer lesiones permanentes no invalidantes o, en el caso de las incapacidades, cuando éstas sean consecuencia de procesos patológicos o traumáticos derivados de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, en los que se vea reducida o anulada su capacidad laboral de forma presumiblemente definitiva.





Las prestaciones económicas por secuelas tratan de indemnizar o cubrir la perdida de rentas salariales o profesionales que sufren las personas en el caso de padecer lesiones permanentes no invalidantes o, en el caso de las incapacidades, cuando éstas sean consecuencia de procesos patológicos o traumáticos derivados de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, en los que se vea reducida o anulada su capacidad laboral de forma presumiblemente definitiva.

Lesiones permanentes no invalidantes o baremos

Son aquellas secuelas, consecuencia de accidentes laborales o enfermedades profesionales, que suponen mermas o alteraciones de la integridad física de las personas trabajadoras, pero no influyen de forma significativa en su capacidad para realizar su trabajo habitual, y que aparecen recogidas en los baremos aprobados por la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero.

Se indemnizan con cantidades a tanto alzado, que varían en función del número o números de los baremos que resulten de aplicación.

Si desea conocer si las secuelas que Ud. presenta son valorables con una indemnización pinche aquí: TABLA BAREMOS  

El reconocimiento de estas indemnizaciones es incompatible con el reconocimiento de cualquier grado de incapacidad.

Incapacidad permanente y parcial

Se califican con este grado todas aquellas lesiones residuales derivadas de contingencias profesionales(*) que ocasionan a las personas trabajadoras disminuciones no inferiores al 33% en su rendimiento normal para el desempeño de su profesión habitual, pero les permite seguir realizando las tareas fundamentales de la misma.

Estas incapacidades se indemnizan con una cantidad a tanto alzado equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la incapacidad temporal.

(*) En el caso de las personas trabajadoras por cuenta propia, la mencionada disminución debe alcanzar al menos el 50% de su rendimiento.

Incapacidad permanente y total

Cuando la entidad de las secuelas que sufren las personas trabajadoras les imposibilita para la realización de todas o las fundamentales tareas de su profesión habitual, pero pueden dedicarse a otras distintas, se les reconoce una incapacidad permanente y total.

Si tienen menos de 55 años o realizan trabajos remunerados, tienen derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente al 55% de su base reguladora anual.


Las personas trabajadoras de todos los regímenes con cobertura de contingencias profesionales que a consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales presenten reducciones anatómicas o funcionales que disminuyen o anulen su capacidad laboral. 


En el caso de las indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes y la incapacidad permanente y parcial, es Mutualia quien abona directamente la prestación, previo reconocimiento del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En los supuestos de incapacidad permanente y total, incapacidad permanente y absoluta o gran invalidez, en los que se reconocen pensiones vitalicias a los trabajadores, aunque la mutua es la responsable del pago a través de una capitalización de las mismas en la Tesorería General de la Seguridad Social, la misma es abonada mensualmente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en 12 pagas anuales.


Mutualia ha de iniciar el procedimiento para evaluar las secuelas derivadas de las contingencias profesionales de las personas trabajadoras protegidas, al objeto de que el INSS reconozca el derecho a las prestaciones económicas por incapacidades ó baremos que correspondan.

El procedimiento también puede ser iniciado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el SVS-Osakidetza en la Comunidad Autónoma del País Vasco o a instancia de las propias personas trabajadoras.

Para poder iniciar la tramitación de la prestación, es preciso que la persona trabajadora nos remita su consentimiento debidamente firmado   para poder incorporar al expediente su historial clínico al objeto de que sea valorado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, así como una copia de su D.N.I. o documento equivalente en vigor.

Supuestos especiales

  • Si el expediente se inicia a instancia de la persona trabajadora, además debe formularse una solicitud por escrito, utilizando para ello el Modelo de Iniciación Secuelas  
  • Si nos encontramos ante la tramitación de secuelas derivadas de enfermedades profesionales por exposición prolongada a ruido en su puesto de trabajo, es preciso que la empresa nos cumplimente un certificado adicional. Modelo Certificado de Ruido 
  • Si Mutualia inicia ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social la tramitación de un expediente de incapacidad permanente con derecho a pensión, precisamos que la empresa cumplimente igualmente un certificado de salarios.

 


Mutualia notificará mediante carta a la persona trabajadora la fecha en la que se ha presentado ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social el expediente de valoración de secuelas.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá citar a revisión médica a la persona trabajadora, por teléfono o subsidiariamente por escrito.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social dictará resolución reconociendo el derecho a la prestación de incapacidad permanente o lesiones permanentes no invalidantes, sin que sea vinculante la propuesta efectuada por Mutualia.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificará la resolución a las partes interesadas, se informará por escrito a la persona trabajadora de su contenido y forma de pago de la prestación reconocida.

Si las personas trabajadoras no están conformes con el contenido de la resolución administrativa podrán interponer reclamación previa en el plazo de 30 días siguientes a la notificación de la resolución, y posterior demanda al juzgado de lo social.


La revisión de las situaciones de incapacidad puede producirse en cualquier momento siempre que la persona incapacitada no haya cumplido la edad de jubilación y  procede por las siguientes causas: agravación, mejoría o por error en el diagnóstico.

En todas  las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, iniciales o de revisión, que reconozcan el derecho a prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o confirmen el grado reconocido previamente, ha de constar necesariamente el plazo a partir del cual se puede instar revisión por agravación o mejoría. No obstante, si las personas pensionistas de incapacidad están trabajando, por cuenta ajena o propia, el Instituto Nacional de la Seguridad Social puede, de oficio o a instancia de la persona  interesada, promover la revisión con independencia de que haya o no transcurrido el plazo señalado en la resolución.

Si la revisión está fundada en error de diagnóstico, puede llevarse a cabo, siempre con el límite de edad indicado, en cualquier momento.